Prudencia del Banco Mundial cuestionada

Por Marcela Valente

Buenos Aires, Argentina,14 de diciembre (IPS)— El Banco Mundial alienta el crecimiento económico del mundo en desarrollo “con responsabilidad ambiental”, pero muchos se preguntan por qué entonces respaldó en los últimos 12 años 332 proyectos que incluyen combustibles de origen fósil.

Un estudio de la Red de Energía y Economía Sustentable (SEEN por sus siglas en inglés), del Instituto de Estudios Políticos con sede en Washington, indicó que desde el compromiso asumido por el Banco Mundial en 1992, respecto de financiar proyectos de energía sustentable en países pobres, sólo uno de cada 17 programas se orientó a energías renovables.

La información, contenida en el informe “En sentido contrario desde Río”, fue confirmada a IPS por Nadia Martínez, del capítulo latinoamericano de esa red, tras la presentación de una nueva publicación del Banco Mundial en la Décima Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático que se desarrolla en Buenos Aires.

En el lanzamiento este martes de la publicación anual “Environment Matters” (El ambiente importa), cuyo tema es el crecimiento sustentable en el Sur, el director del Departamento de Ambiente del Banco Mundial, Warren Evans, admitió que ese organismo multilateral apoya proyectos de infraestructura con combustibles fósiles, pero lo justificó en la urgencia de “satisfacer necesidades de los más pobres”.

“Hay 1.600 millones de personas en el mundo en desarrollo que carecen de electricidad, y más personas aún que dependen del combustible fósil para cocinar y calentarse”, explicó Evans, para luego asegurar que el Banco ya apoya proyectos sobre energías renovables “en forma creciente” en su cartera de opciones.

“Debemos atender esas necesidades de los países en desarrollo”, consideró el funcionario.

La contradicción entre alentar el crecimiento sustentable e invertir en proyectos que aumentan emisiones de gases de efecto invernadero resultó evidente en la presentación de la revista anual del Banco.

La entidad multilateral calcula que el producto interno bruto mundial se cuadruplicará para 2050, respecto del monto actual, pero crecerá aún más en los países hoy considerados atrasados. Por eso sostiene que es necesario ver “cómo” se crece y propone como “camino prudente” integrar ese avance con responsabilidad ambiental y equidad social.

“Lo que intentamos es generar conciencia de que, para que el crecimiento económico sea sustentable, los temas ambientales deben estar integrados”, subrayó Evans. Más crítico, en su artículo de la revista, expresa además que la situación del ambiente en el mundo es “preocupante” y que la lentitud de política para combatir el deterioro “es alarmante”.

En esa publicación escriben, además, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alberto Cárdenas, el ministro de Protección Ambiental de China, Xie Zhenhua, y el secretario de Medio Ambiente y Bosques de India, Prodipto Ghosh, entre otros representantes gubernamentales, académicos y de la sociedad civil.

El funcionario mexicano sostiene que el costo de la degradación ambiental en su país equivale a entre 10 y 11 por ciento del producto interno bruto, un porcentaje que representa 64.000 millones de dólares al año.

“A menudo en América Latina escuchamos gente preocupada, porque si invertimos en medio ambiente afectaremos nuestra competitividad, pero es justamente al revés, pues si no enfrentamos los retos ambientales perderemos oportunidades”, sostuvo en la presentación de la revista el subsecretario de Ambiente de México, Fernando Tudela.

Por su parte, Ghosh destacó que su país “tuvo éxito” en romper el vínculo tradicional entre el aumento de la actividad económica y el ataque al ambiente, pero insistió en la necesidad de trabajar contra la pobreza porque quienes viven en esa situación, señaló, son “las principales víctimas” del deterioro de los recursos naturales.

Con promesas, el ministro chino, a su vez apuntó en su artículo que su país prevé cuadruplicar el producto interno bruto en 2020, respecto de 2000, pero también se ha propuesto aumentar de uno a 12 por ciento la participación de elementos renovables en la matriz energética nacional.

De esta manera, el Banco Mundial presentó un panorama de los desafíos que enfrenta el mundo en desarrollo para fomentar el crecimiento de sus economías de acuerdo a un modelo más sustentable que el tradicional, que estuvo basado principalmente en la utilización de energías contaminantes que provocan el recalentamiento global.

Sin embargo, SEEN advirtió que desde la Cumbre de la Tierra, celebrada en 1992 en Río de Janeiro, el organismo se comprometió a financiar proyectos que garantizaran el uso de energías renovables, y eso no se concretó. Por el contrario, la mayoría de los programas de inversión que apoyó fue en energías tradicionales.

La red calcula que desde hace 12 años el Banco Mundial invirtió más de 28.000 millones de dólares en proyectos de combustibles fósiles, incluyendo infraestructura para la extracción, la producción y el transporte de petróleo, gas y carbón.

“Fueron 332 proyectos desde 1992 a 2004 que liberarán a la atmósfera 43.424 millones de toneladas de gases de efecto invernadero”, precisó Martínez a IPS.

La activista sostuvo, además, que no es justo que el organismo multilateral, que debería tomar la iniciativa financiera en materia de inversiones para energías limpias en países pobres, siga fomentando las emisiones de gases invernadero y participe del “negocio” creado para mitigarlas.

Se refirió así al respaldo del Banco a los mecanismos de flexibilización creados en el Protocolo de Kyoto para comprometer a países industrializados con metas de reducción cuantificada de emisiones en un plazo que va de 2008 a 2012.

Uno de los mecanismos, el de desarrollo limpio, se basa en otorgar incentivos a empresas privadas para que desarrollen proyectos de reducción de emisión de gases contaminantes en países en desarrollo, a fin de obtener a cambio certificados que permita al mundo industrializado compensar sus excesos en la materia.

Pinochet procesado y bajo arresto por Plan Cóndor

Por Gustavo González

Santiago, Chile, 13 de diciembre (IPS) — El ex dictador Augusto Pinochet fue procesado este lunes como autor de nueve secuestros y un homicidio en el marco del Plan Cóndor, por el juez Juan Guzmán, quien ordenó además el arresto domiciliario del hombre que gobernó Chile desde septiembre de 1973 hasta marzo de 1990.

La suerte del general retirado de 89 años de edad dependerá una vez más de la Corte Suprema, que en última instancia deberá determinar si su salud mental le permite enfrentar un juicio o si corresponde absolverlo, como ya ocurrió en julio de 2001 en el proceso por la llamada “Caravana de la muerte”.

“Esperamos que la Corte Suprema rectifique la denegación de justicia a las víctimas de la dictadura (del anterior caso) y ratifique ahora el fallo del juez Guzmán”, dijo a IPS la secretaria general de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD), Viviana Díaz.

La resolución del magistrado, a cargo también del proceso por la “Caravana de la muerte”, fue recibida con júbilo por la AFDD y otras agrupaciones humanitarias, así como por dirigentes de los partidos Comunista, Socialista, Por la Democracia y ex militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El abogado Pablo Rodríguez, defensor del ex dictador, presentó de inmediato ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo basado en la demencia senil de Pinochet, pidiendo que se revoque el procesamiento que calificó de “ilegal”.

“Este es un abuso ante los derechos humanos más elementales de una persona que es procesada sin tener ninguna posibilidad de defenderse”, afirmó Rodríguez, quien fue un activo desestabilizador del derrocado gobierno de Salvador Allende (1970-1973) como líder del disuelto movimiento de extrema derecha Patria y Libertad.

“Esto no es más que un nuevo episodio, un nuevo capítulo de la persecución política más implacable que ha existido en este país en contra de una persona”, alegó el abogado. “Todo el país sabe que en los últimos años el ministro Guzmán ha perseguido al general Pinochet”, enfatizó.

En su resolución de 52 páginas Guzmán incluyó informes y declaraciones de tres peritos psiquiatras, designados por el propio juez, la defensa de Pinochet y la parte acusadora, que diagnosticaron al ex dictador una demencia subcortical moderada.

En 2001 otros peritajes médicos detectaron una afección similar, aunque en un grado leve, lo cual permitió que una mayoría de jueces de la Corte Suprema lo absolviera en el proceso que le seguía Guzmán como coautor de 57 homicidios y 18 secuestros de prisioneros políticos en octubre de 1973.

Esos crímenes fueron cometidos por la llamada “Caravana de la muerte”, una misión militar especial que Pinochet creó a cargo del general Sergio Arellano Stark para que “agilizara” los juicios a detenidos tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

La resolución emitida este lunes por Guzmán incorpora numerosos antecedentes de actuaciones públicas del ex dictador, incluyendo una entrevista con un canal de televisión de Miami en 2003, para argumentar que sus facultades mentales permiten que sea llevado a juicio.

El juez acusó a Pinochet del homicidio calificado del militante comunista Ruiter Correa Arce y de los secuestros de una mujer y ocho hombres, entre los cuales se incluyen Edgardo Enríquez y Jorge Fuentes, dos altos dirigentes del MIR.

Los 10 casos considerados por Guzmán corresponden a chilenos detenidos en otros países del Cono Sur de América Latina en el marco del Plan Cóndor, que coordinó en los años 70 y 80 a los cuerpos represivos de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

El Plan Cóndor fue creado por jefes de servicios de policía política de esos países que se reunieron en Santiago de Chile desde el 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 1975, invitados por el entonces coronel Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Contreras, ahora general retirado, tenía como único superior jerárquico a Pinochet, con quien se reunía a diario mientras dirigió la DINA, disuelta por la dictadura en 1978 y sustituida por la Central Nacional de Informaciones, que operó hasta febrero de 1990, un mes antes de la restauración de la democracia en Chile.

El abogado Eduardo Contreras, uno de los acusadores de Pinochet, dijo que el Plan Cóndor “es sin duda el caso más emblemático, por los alcances internacionales que tiene, por la clara impronta del dictador en todos los crímenes”.

“Como ha dicho Manuel Contreras, Pinochet estuvo presente desde el comienzo (del Plan Cóndor) hasta dando luz verde a la reunión convocatoria para que se generara ese pacto operativo”, agregó el abogado.

Viviana Díaz se declaró “muy contenta” con el sometimiento a proceso y la detención domiciliaria del ex dictador. “Esta es una resolución histórica y trascendental para todos los familiares de las víctimas y todos los demócratas de este país que quieren que en Chile no haya impunidad” para los violadores de derechos humanos, señaló.

“Cuando existe voluntad de investigar de acuerdo a los antecedentes que obran en los tribunales de justicia desde hace casi 30 años, es posible llegar a procesar a todos aquellos que están inculpados por crímenes de lesa humanidad”, agregó la dirigente de la AFDD.

La presidenta del gubernamental Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, dijo que le parecía “muy bien” la resolución de Guzmán, “porque el proceso no es en sí una condena ni una incriminación, es el camino del Estado de derecho para acreditar las responsabilidades”.

El diputado Eugenio Tuma, jefe del grupo parlamentario del Partido Por la Democracia señaló que el proceso a Pinochet “es un precedente respecto de la coordinación que existió en Sudamérica en cuanto a violaciones de los derechos humanos”.

“Los países que vivieron el horror de un régimen militar están comenzando a sincerarse con ellos mismos y Chile está dando un ejemplo en esta materia”, indicó el diputado.

“Todos somos iguales ante la ley y, en esos términos, Pinochet debe responder ante la justicia y ser sancionado”, concluyó Tuma.

La abogada Julia Urquieta, también de la parte acusadora en el proceso, afirmó que el ex dictador “debe ser condenado por todos sus crímenes y no solamente por éstos, sino por todos los robos cometidos que han quedado comprobados en las cuentas del (banco estadounidense) Riggs”. El juez Sergio Muñoz está investigando a Pinochet por supuesto enriquecimiento ilícito, a partir de informes del Senado estadounidense sobre las cuentas secretas que el dictador mantuvo en el banco Riggs y que podrían ascender a unos 12 millones de dólares.

El magistrado Alejando Solís lleva a cabo a su vez el proceso por los asesinatos del ex comandante en jefe del Ejército de Chile, general Carlos Prats, y de su esposa, Sofía Cuthbert, cometidos en septiembre de 1974 en Buenos Aires por la DINA.

En esta causa la Corte de Apelaciones resolvió hace dos semanas despojar de su fuero penal a Pinochet para ser investigado por Solís, pero la defensa del ex dictador presentó un recurso ante la Corte Suprema, que aún no emite su fallo.